El clima se caldeó en las últimas horas en el Concejo Deliberante de Las Talitas. Luego de que el martes cayera la primera sesión de la gestión por falta de quórum (se obtiene con seis concejales), podrían quedar truncas dos reuniones más durante esta semana.
Un grupo de cinco ediles afín al intendente Carlos Najar (Acción Regional) sostiene que quienes integran el otro espacio no quisieron acompañar con una declaración el decreto que determinó la emergencia por los riesgos de inundaciones por desbordes del canal Norte. El sector disidente niega haber faltado por ese motivo y esgrime que, en realidad, no quiso avalar el tratamiento de un proyecto de ordenanza para modificar la que prevé los topes para efectuar obras públicas por contrataciones directas (de $ 50.000 a $ 400.000) y cotejos de precios (de $ 150.000 a $ 1,5 millón) con el Fondo Soja.
Los concejales Hugo Quinteros (PT), Julio Romero (FpV), Sergio Rossi (ApB), Carolina Martín (Acción Regional) y Esteban Albarracín (FpV) concurrirán hoy, a las 10, al recinto. Sobre tablas, insistirán en una sesión ordinaria con la iniciativa de la emergencia y con el temario pendiente, que incluye la modificación de los topes.
Los ediles Antonio Íñigo (ApB-Boina Blanca), Norberto Paz (FpV), Melina Morghenstein (FpV), Mario Cecotti (FpV) y Miguel Lanieri (FpV) no asistirían. Presentaron dos notas al presidente del Concejo. En una explicaron que no fueron notificados para la sesión de hoy en el plazo correspondiente (48 horas) y en la otra, solicitan una convocatoria extraordinaria para mañana, a las 8. El único tema, precisaron, es la emergencia hídrica. “Por supuesto que nos interesa la situación de los vecinos del canal; quisieron hacer creer a la población que no. Ahora lo trataremos”, afirmó Íñigo. El edil integra el espacio del legislador radical Ariel García y el resto, al del ex intendente Luis Morghenstein.
Najar insistió en que el trasfondo es político y lo adjudicó a la injerencia de “factores exógenos” al municipio en el año electoral. Consignó que le llama la atención, por ejemplo, que Íñigo haya firmado el dictamen de la comisión de Hacienda que hace 10 días aconsejó la aprobación de los cambios en los montos. “Soy respetuoso de las instituciones. Interpelaron en esa reunión al secretario de Hacienda . Si la normativa es el inconveniente, que vuelva a comisión. Es necesaria la compra de camiones recolectores; el alquiler nos resulta más costoso”, lamentó. Íñigo expresó que sí firmó el dictamen, pero que no pudo acceder a los detalles y que pretenden modificarlo para que, cada vez que se usen recursos del Fondo Soja, se requiera la aprobación del Concejo.